Cámara baja vota hoy el proyecto de ley que busca certificar la inocuidad del trigo importado

A medida que la discusión sobre la inocuidad del trigo importado avanza, los agricultores chilenos continúan alertando sobre las implicaciones que esta situación tiene no solo para su viabilidad económica, sino también para la salud y seguridad de toda la población.

En una jornada marcada por la preocupación por la seguridad alimentaria, la Asociación Gremial de Agricultores Unidos expresó su fuerte respaldo a un proyecto de ley que busca certificar la inocuidad del trigo importado. Esta iniciativa, que se votará en la Cámara de Diputados, este martes 3 de diciembre, apunta a la creciente inquietud sobre la exposición a sustancias químicas peligrosas en los productos que llegan al país.

La propuesta, que modifica la Ley 20.656 y regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios (boletín 17041), tiene como objetivo garantizar que el trigo importado cumpla con estándares de inocuidad similares a los que se exigen a los productores nacionales.

Durante su intervención, el presidente de la Asociación, Camilo Guzmán, destacó la necesidad urgente de revisar la trazabilidad de estos productos, haciendo hincapié en la preocupación por la presencia de agroquímicos prohibidos en Chile, mencionando específicamente compuestos como el dicloruro de paraquat, metomilo y clorpirifos.

Guzmán presentó cifras alarmantes que evidencian el desbalance en el mercado: mientras la producción nacional de trigo alcanza solamente 1.100 toneladas, las importaciones ascienden a 995 mil toneladas, con Canadá liderando como principal proveedor (41%), seguido por Estados Unidos (31%) y Argentina (18%). 

Esta disparidad, según Guzmán, genera una competencia desleal para los agricultores locales que cumplen con estrictas regulaciones, lo que pone en riesgo no solo su sustentabilidad económica, sino también la salud de los consumidores chilenos. Además, la escasa fiscalización por parte del Ministerio de Salud agrava la situación, evidenciando la necesidad de una legislación que asegure la inocuidad alimentaria y proteja a los consumidores.