La burocracia y la planta desaladora de Coquimbo

Opinión de Gabriel Caldés, Consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).

La Región de Coquimbo enfrenta la crisis de escasez hídrica más grave en las últimas décadas. Los tres últimos gobiernos han declarado la necesidad de construir una planta desaladora multipropósito que garantice un suministro estable de agua potable para la conurbación Coquimbo-La Serena y, potencialmente, para Ovalle.

La ministra de Obras Públicas (MOP) tramitó a fines de 2023 una ley especial de fast track (Ley N° 21.639) -que tiene un solo artículo-, con el objetivo de acelerar la construcción de esta obra. Esto refleja la urgencia de su puesta en marcha y la necesidad de brindar seguridad hídrica a las comunidades afectadas. Por otra parte, el proyecto presentado por el MOP al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en octubre de 2024 fue el de la empresa sanitaria de la Región de Coquimbo, Aguas del Valle, que ya lo había desarrollado previamente. Esto permitió reducir entre 12 y 15 meses el plazo de elaboración de la iniciativa.

El proceso de evaluación ambiental convocó aproximadamente a 20 organismos públicos con el fin de analizar el impacto en la zona de Panul, en Coquimbo. Tras cinco meses de revisión, el SEA emitió un informe de 100 páginas con más de 700 observaciones y consultas técnicas.

Finalmente, en diciembre de 2024, el MOP abrió la licitación pública internacional para la construcción y operación de la planta, con la expectativa de adjudicar el contrato en agosto de este año a una de las 30 empresas que han manifestado su interés en participar.

Todas estas acciones y otras realizadas por el MOP en los últimos tres años han estado dirigidas a sortear una burocracia pública frondosa y obsoleta, desconectada de las necesidades de una sociedad tecnologizada. Esta burocracia se ha convertido en un fin en sí mismo, donde el cumplimiento de requisitos administrativos prima sobre los resultados y los plazos de inversión.

Lo anterior no solo retrasa significativamente la implementación de soluciones para la comunidad, sino que también genera mayores costos, pérdida de oportunidades, desincentivos, incertidumbre y, en algunos casos, facilita la corrupción. En consecuencia, el desarrollo del país se ve postergado, impidiendo la entrega oportuna de soluciones a problemas urgentes.

Este problema debe abordarse de manera sistémica y con el uso de tecnologías. No se trata solo de reducir la “permisología”, sino de reformar un modelo que parece tener poder y vida propia, donde el objetivo principal pareciera ser el de cubrir, de mala forma, la responsabilidad de instituciones públicas en lugar de gestionar eficazmente los procesos estatales y privados.

A pesar de que hay un consenso transversal en distintos sectores sobre el impacto negativo de la burocracia en el desarrollo de nuestro país y en su capacidad de resiliencia, a la fecha no se han impulsado proyectos de ley, programas, debates o estudios orientados a proponer soluciones concretas. La administración pública es el soporte de la burocracia; por ello, es allí donde deben realizarse las reformas necesarias.